La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla por conceder libertad condicional a Emilio Tapia el pasado 11 de abril.
La decisión se adoptó el 17 de septiembre tras recopilar información sobre las circunstancias que rodearon el beneficio otorgado al contratista condenado por el caso Centros Poblados.
La investigación disciplinaria abarca dos aspectos principales: la concesión de la medida de libertad condicional y una presunta demora en tramitar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación. Tapia cumplía una condena de 6 años y 4 meses derivada de un preacuerdo con la Fiscalía.
La Procuraduría apeló la decisión judicial argumentando que no se cumplieron los presupuestos legales necesarios. El Ministerio Público basó su recurso en el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la ley 190 de 1995, que exige la constitución de parte civil por parte de las entidades públicas afectadas.
El proceso disciplinario comenzó el 22 de abril cuando la presidencia de la Comisión Seccional compulsó copias para iniciar la actuación. En mayo se ordenó la indagación preliminar que derivó en la investigación formal actual.
Emilio Tapia fue señalado como cerebro de la maniobra fraudulenta que, mediante falsas garantías bancarias de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de 70 mil millones de pesos que posteriormente se extraviaron.
Los recursos formaban parte de un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destinado a conectar poblaciones vulnerables en zonas rurales del país.
