La Defensoría del Pueblo rechazó de manera categórica el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre las llamadas “condenas revolucionarias” impuestas a dos funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) de la Fiscalía y dos miembros de la Policía que permanecen secuestrados desde 2025 en Arauca.
Iris Marín, defensora del Pueblo, calificó como “inadmisible” el hecho de que la guerrilla haya realizado lo que denomina un “juicio” contra Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. El ELN impuso penas de entre 32 y 60 meses de lo que llama “prisión revolucionaria” para estos funcionarios.
Marín enfatizó que el secuestro constituye una práctica completamente prohibida bajo el derecho internacional humanitario, y que la privación arbitraria de libertad representa un delito reconocido tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales. “La libertad debería haber sido inmediata e incondicional”, expresó la defensora, cuestionando que la guerrilla intente mostrar cierta apariencia de legalidad mediante procedimientos que ella considera “no válidos”.
La funcionaria explicó que los grupos armados al margen de la ley no pueden validar la retención de personas bajo su propio ordenamiento. “Estos procedimientos no justifican una práctica que sigue siendo completamente ilegal e ilegítima”, argumentó Marín.
Más allá del rechazo al “juicio revolucionario”, la Defensoría documentó el deterioro físico y mental de los secuestrados tras meses en cautiverio. Pacheco y López Estrada llevan aproximadamente un año desaparecidos; Hoyos y Pérez, desde julio pasado. La defensora hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para intensificar los esfuerzos de liberación e implementar una atención más cercana a las familias, quienes reportan sentirse abandonadas por las autoridades.
El Frente de Guerra Oriental del ELN justificó sus acciones argumentando “crímenes de lesa humanidad” cometidos por la Fiscalía y acusando a los policías de espionaje. Sin embargo, estas justificaciones no encuentran acogida en la institucionalidad colombiana de derechos humanos
