Un juzgado penal del circuito con función de conocimiento de la capital colombiana avaló un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien deberá pagar 36 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.
La decisión judicial se conoció el jueves 20 de agosto, cuando el titular del despacho 46 penal de Bogotá determinó que el acuerdo suscrito entre el procesado y el ente acusador cumplía con los requisitos legales exigidos.
El caso está relacionado con la expedición de dos diplomas académicos a nombre de Juliana Andrea Guerrero, quien estuvo cerca de asumir el Viceministerio de Juventudes antes de que se conociera el escándalo.
Los documentos, fechados el 1 de julio de 2025, certificaban falsamente que la entonces aspirante a cargo público había culminado sus estudios en Contaduría Pública y en Gestión Contable y Tributaria.
De acuerdo con la investigación, Gutiérrez Martínez ejerció el cargo de secretario general de la institución educativa entre septiembre de 2020 y septiembre de 2025, período durante el cual tuvo acceso directo a las plataformas utilizadas para verificar el cumplimiento de requisitos académicos de los estudiantes.
La Fiscalía sostuvo que el exdirectivo usó ese acceso para tramitar y autorizar los certificados sin que Guerrero cumpliera las condiciones necesarias para obtenerlos. Bajo los términos de la negociación judicial, el procesado admitió su rol como coautor y no como autor material del delito.
El fallo también le impuso una inhabilidad de 44 meses para el ejercicio de funciones públicas. Gutiérrez Martínez pidió disculpas públicas por lo que calificó como una decisión equivocada que afectó a directivos, docentes, egresados y estudiantes de la comunidad académica.
La senadora Jennifer Pedraza, quien junto con Catherine Juvinao denunció inicialmente las irregularidades, atribuyó el resultado judicial al trabajo de control político adelantado desde el Congreso de la República. El proceso judicial contra Juliana Guerrero avanza de manera independiente.
