“Bandas fascistas a sueldo público”: Petro ordena a la Policía frenar violencia en Medellín

Petro ordenó a la Policía no permitir violencia de los gestores de convivencia de Medellín y los llamó "bandas fascistas a sueldo público" del alcalde Gutiérrez.
2 meses atrás
Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro le impartió una orden directa a la Policía Nacional: no permitir el uso de la violencia por parte de los gestores de convivencia impulsados por la administración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario calificó a ese grupo como “bandas fascistas a sueldo público” y advirtió que quienes ejerzan funciones de control ciudadano por fuera de la Policía son “parapoliciales o paramilitares.”

El presidente fue directo en su pronunciamiento: “La ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público.” Con esa frase, Petro escaló la confrontación política con la administración de Gutiérrez, uno de sus principales adversarios en el panorama político colombiano.

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Petro también aprovechó el pronunciamiento para reiterar su visión sobre el rol de la Policía Nacional. Según el mandatario, la institución es ante todo un cuerpo civil orientado a la convivencia pacífica y a la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, no un aparato de control político. “Lo he repetido una y mil veces, la policía nacional es un cuerpo civil para la convivencia ciudadana armado y público para protección de sus derechos constitucionales, los que sustituyan esta labor son parapoliciales o paramilitares”, afirmó.

La orden presidencial llega en un momento de tensión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín, cuya administración ha promovido los denominados gestores de convivencia como una figura de acompañamiento ciudadano en zonas de alta conflictividad urbana. Para Petro, ese modelo representa una violación de derechos humanos que la Policía tiene la obligación de impedir.

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El presidente no detalló en su pronunciamiento casos concretos de violencia atribuidos a los gestores, pero fue enfático en que la institución policial debe priorizar la protección de libertades sobre cualquier otra consideración.