Una fiscal especializada citó a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, luego de que los investigadores encontraran puntos confusos en el relato que presentó días atrás contra varios funcionarios del actual Gobierno.
La diligencia terminó con la entrega de material probatorio que apunta a una red de chantaje que, según la funcionaria, opera desde dentro del propio Estado.
Rodríguez contó a los investigadores que terceros la grababan durante reuniones oficiales. Un hombre que aseguraba estar preso habría usado esas grabaciones para pedirle dinero a cambio de su silencio. Los números de teléfono y las cuentas donde le exigían depositar los pagos quedaron en poder de la Fiscalía.
El 22 de abril, la funcionaria quien antes encabezó el Departamento Administrativo de la Presidencia, había presentado una denuncia formal contra Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD, y contra Juliana Guerrero, quien aspiraba a ocupar la viceministra de Juventudes. El expediente quedó en manos de fiscales del Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales.
En su relato, Rodríguez describió una pugna interna en la que cerca de 20 funcionarios de alto rango presionarían decisiones del Gobierno. Además del director de la UNGRD, mencionó al jefe de despacho presidencial Raúl Moreno y a la directora de Función Pública Mariela Barragán.
El caso llegó a la campaña presidencial. Paloma Valencia exigió garantías: “Pedimos protección para Angie Rodríguez, que está haciendo unas denuncias muy graves y que las autoridades tienen que tomar muy en serio”. Sergio Fajardo lo calificó como “una hecatombe de corrupción” y pidió depurar el Gobierno desde las oficinas más cercanas al presidente.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aclaró que la funcionaria tiene un esquema de seguridad vigente desde enero de 2026, activado por vía de emergencia cuando asumió el cargo en el Fondo de Adaptación.
