El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York atraviesa una fase crítica luego de que su equipo de defensa privada solicitara formalmente retirarse del caso, lo que abre la posibilidad de que sea representado por defensores públicos federales designados por el sistema judicial estadounidense.
La decisión se produjo tras vencerse los plazos fijados por el juez Alvin Hellerstein para resolver el problema de financiamiento de la defensa, situación que se origina en un conflicto legal relacionado con el uso de fondos venezolanos que se encuentran bloqueados por sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las restricciones derivadas de esas sanciones impiden que los recursos venezolanos congelados sean utilizados para cubrir los honorarios del equipo jurídico privado que hasta ahora representaba a Maduro, lo que dejó sin solución el financiamiento de su defensa dentro de los plazos establecidos por el tribunal.
Con la salida del equipo privado, el caso avanza hacia una nueva etapa en la que la representación legal del exmandatario venezolano quedaría en manos de la defensoría pública federal, figura prevista en el sistema judicial de Estados Unidos para garantizar el derecho a la defensa de quienes no cuentan con recursos para costear abogados particulares.
El proceso continúa su curso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
