La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro por la solicitud de los gremios a la Corte Constitucional para revisar con prontitud el decreto de emergencia económica que prepara el Gobierno. La dirigente gremial aseguró que acudir al alto tribunal no busca favorecer intereses particulares, sino garantizar el respeto por la Constitución y la separación de poderes.
A través de un pronunciamiento público, Lacouture afirmó que pedir una revisión oportuna del decreto no equivale a “salvar” a nadie, como lo insinuó el jefe de Estado, sino a exigir el cumplimiento del marco constitucional vigente. Según explicó, la figura de la emergencia económica, contemplada en el artículo 215 de la Constitución, solo puede aplicarse cuando existe un hecho sobreviniente, excepcional y subsidiario, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en el actual contexto.
La líder de AmCham sostuvo que un déficit fiscal de carácter estructural y el archivo de una ley por decisión del Congreso no constituyen hechos extraordinarios que justifiquen la declaratoria de emergencia. En ese sentido, recalcó que las dificultades fiscales del país deben abordarse mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley y no a través de medidas excepcionales.
Lacouture planteó que la crisis fiscal puede enfrentarse con políticas de austeridad, mayor eficiencia en el gasto público y una gestión tributaria más efectiva. Asimismo, señaló la importancia de mantener reglas claras que fomenten la inversión productiva y la formalización de la economía, como vías para fortalecer las finanzas del Estado sin afectar la estabilidad institucional.
La respuesta de la dirigente gremial se da en medio de un cruce de declaraciones entre el Gobierno y los sectores empresariales, luego de que varios gremios solicitaran a la Corte Constitucional revisar la legalidad del decreto de emergencia económica. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria para garantizar recursos y atender prioridades del Estado, los gremios insisten en que debe respetarse el orden constitucional y el equilibrio entre los poderes públicos.
