La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) adoptó medidas administrativas contra 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por la presunta inexistencia de infraestructura para atender pacientes accidentados, suspendiendo pagos por reclamaciones superiores a los $17 mil millones.
Las instituciones afectadas se encuentran ubicadas en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, y presentaban facturas por servicios médicos sin contar con las instalaciones físicas necesarias reportadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Mediante la Resolución 0087804 de 2025, ADRES suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de $4.911 millones. Una segunda resolución (0087805 de 2025) suspendió indefinidamente la solicitud de registro de cuentas bancarias a 11 IPS adicionales.
La identificación de estas anomalías fue posible gracias a auditorías realizadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, que incluyeron visitas físicas para verificar la infraestructura real de las entidades prestadoras.
Esta acción se suma a medidas anteriores adoptadas en 2024, cuando ADRES suspendió pagos a otras 52 IPS que habían radicado cuentas por más de $70 mil millones. En total, 36 entidades fueron remitidas a la Fiscalía General por el presunto delito de fraude al no demostrar que contaban con infraestructura física pese a tener registro de habilitación.
Las IPS notificadas disponen de 10 días hábiles para presentar recurso de reposición contra estas decisiones administrativas.
