La senadora María Clara Posada respondió este sábado 24 de octubre a la Defensoría del Pueblo por el llamado a rectificar los señalamientos que ha realizado contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Julieta Lemaitre Ripoll y sostuvo que mantendrá sus cuestionamientos sobre las actuaciones de esa jurisdicción.
En una comunicación dirigida a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, Posada rechazó que la entidad pretenda establecer los límites de sus opiniones y actuaciones como congresista.
“Soy Senadora de la República y represento a los ciudadanos, no las preferencias de la Defensoría del Pueblo”, afirmó la congresista, quien invocó los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución y la Ley 5 de 1992 para defender su libertad de expresión, sus funciones de representación y el ejercicio del control político.
“No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP”, expresó.
Posada sostuvo que contextualizar sus publicaciones no puede significar adoptar la interpretación de la Defensoría y aseguró que una eventual rectificación solo procedería frente a información falsa. “La Constitución protege el disenso, no solo la coincidencia con las autoridades”, señaló.
La senadora también se ratificó en su interpretación de los videos que difundió sobre actuaciones de la JEP. Afirmó que considera impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y otros crímenes, y sostuvo que ese tratamiento puede contrastarse con el recibido por las víctimas.
“No confunda independencia judicial con inmunidad frente a la crítica”, afirmó.
Además, cuestionó la actuación de la Defensoría frente a miembros de la Fuerza Pública que, según indicó, no reconocieron responsabilidad ante la JEP. Posada aseguró que ha identificado diferencias entre algunas audiencias de comparecientes de las FARC y diligencias de militares, por lo que pidió explicaciones sobre las reglas aplicadas y las garantías de víctimas y comparecientes.
La congresista también reclamó pronunciamientos de la Defensoría sobre la entrega de bienes de las FARC y afirmó que, según las cifras que ha presentado, permanecerían pendientes porcentajes de inmuebles y muebles comprometidos.
Otro de sus cuestionamientos se relacionó con la contratación de la JEP mediante el PNUD. Posada aseguró que ha planteado interrogantes sobre contratos por $201.467 millones, el control de esos recursos, la publicidad de los contratos y las restricciones legales e inmunidades aplicables.
La senadora también se refirió a los antecedentes profesionales de la defensora del Pueblo con la JEP y pidió transparencia sobre cualquier relación relevante con la magistrada cuestionada. Aclaró que esos antecedentes, por sí solos, no demostrarían parcialidad, pero sostuvo que hacen necesario explicar los criterios institucionales empleados.
Finalmente, Posada rechazó que los cuestionamientos a la magistrada puedan confundirse con un ataque a la independencia judicial y sostuvo que los funcionarios de la JEP están sujetos al escrutinio público.
La senadora aseguró que continuará examinando gastos, denunciando las irregularidades que considere sustentadas y reclamando explicaciones. También pidió a la Defensoría actuar con prudencia frente a su exposición a posibles amenazas y concluyó: “La independencia judicial merece respeto. La independencia del Congreso, también”.
