Nación. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta julio del 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha documentado 959 nuevos casos de desapariciones relacionadas con los conflictos armados y la violencia en Colombia.
La cifra es escandalosa y se suma a las más de 62.000 desapariciones registradas a lo largo de más de medio siglo de conflicto armado, aunque el subregistro podría ser mayor.
El departamento de Córdoba no ha sido ajeno a casos de desaparición forzada, todavía hay decenas de familias que buscan respuestas de sus seres queridos desaparecidos en la década en los 90 y en los años del apogeo paramilitar.
Luis Eduardo Santos es familiar de un desaparecido, llegó a Puerto Libertador a la jornada interinstitucional del CICR en búsqueda de conocer avances del caso desaparición de su hijo de quien no tiene respuestas en 2009.
Aunque con cada año que pasa las posibilidades de hallarlo vivo disminuyen, aguardan la esperanza de encontrarlo.
El drama de la desaparición forzada no simplemente representa la pérdida física de un ser querido, sino que causa otras afectaciones de tipo económico psicosocial y emocional en las familias.
“Las víctimas no solo son las personas que desaparecen, también sus familias que buscan respuestas sobre la suerte y paradero de sus seres queridos, es su derecho. Hay otras necesidades que tienen estas personas: económicas, psicosociales, emocionales, de protección y, a veces, se quedan en un limbo legal con obstáculos y desafíos para acceder a la justicia”, recalcó Roberta Businaro, jefa de la oficina de Montería del CICR.
El sur de Córdoba es la región más afectada por el flagelo social de desapariciones forzadas, se tiene un registro extraoficial de más de 2.300 personas desaparecidas, según la coordinación territorial de la Comisión de la Verdad, entidad que recientemente finalizó su mandato constitucional en el marco de la firma del acuerdo de La Habana.