La acción presentada que buscaba suspender de manera provisional el decreto 2235 de 2012 que le otorgó facultades a la Policía Nacional para destruir la maquinaria pesada y sus partes cuando es utilizada para explotación de minería ilegal fue negada por la Sección Primera del Consejo de Estado.
El alto tribunal consideró que pese a que la ley no establece la destrucción de estas maquinarias, el Estado tiene facultades sancionatorias en materia ambiental, ya que no se puede otorgar estas competencias a la Policía Nacional si considera pertinente hacerlo.
Es por eso que consideró que pese a que la ley no establece la destrucción de estas maquinarias, el Estado tiene la facultad sancionatoria en materia ambiental por lo que puede otorgar estas competencias de la Policía Nacional si considera pertinente hacerlo.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 quedó establecida la prohibición de usar maquinarias pesadas en actividades mineras sin título minero son pena de sanciones establecidas en la norma u otras medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, así lo explicó La Sala.
“Como se observa, la Decisión autorizó a Colombia, como estado miembro, a implementar otro tipo de sanciones ante el ejercicio de la minería ilegal, tales como la destrucción de la maquinaria utilizada para ello”, señala uno de los apartes de la decisión.
