De la Espriella lleva al Congreso su Ley de Rescate: quiere quitarle $40 billones al gasto de 2027

El Gobierno dice que el Estado gasta más de 40 billones al mes y solo recibe 29. El proyecto tiene 106 artículos y necesitará mayorías absolutas para salir adelante.
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Foto: Presidencia de Colombia.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella entregó este jueves 29 de octubre, en Bogotá, el proyecto de Ley de Rescate Económico a la Cámara de Representantes. Con él pretende quitarle cerca de 40 billones de pesos al gasto público de 2027, equivalentes al 2,2 % del PIB.

El mandatario ha descrito el momento de las cuentas públicas como “la crisis fiscal más compleja de toda nuestra historia republicana”. Según Hacienda, cada mes entran a la caja del Estado unos 29 billones de pesos, mientras las salidas superan los 40 billones.

A ese desfase se suma el pago de la deuda, que saltó de 118 a 155 billones de pesos al año. Sin medidas, advierte el Ejecutivo, la deuda del Gobierno central se volvería impagable pronto.

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El texto, de 106 artículos, fue presentado en la Plaza de Bolívar por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez; el ministro de Justicia e Interior encargado, Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Gómez explicó que la propuesta descansa sobre cinco frentes: rescate fiscal, social, de la salud, de la inversión y del Estado frente a la corrupción y el derroche.

Entre los recortes planteados aparecen reducir el tamaño del Estado en 15 %, bajar a la mitad el gasto en contratistas durante 2027 y disminuir en 20 % la nómina en 2028, sin tocar a la Fuerza Pública. Así, el Gobierno espera llevar el déficit de 9,4 % a 7,2 %.

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Este paso llega después de un primer recorte de 13,8 billones al presupuesto de 2026 y de que el presupuesto de 2027, por 634,9 billones, tuviera que expedirse por decreto porque Senado y Cámara no conciliaron sus textos.

El exdirector de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía calificó el ajuste como de gran magnitud, cercano al 4 % del PIB hacia 2030. Para convertirse en ley, el proyecto necesitará mayorías absolutas en ambas cámaras y una revisión previa de la Corte Constitucional.