El abogado Pipe Caballero, quien asumió formalmente la representación de Deicy Alejandra Jiménez, anunció que solicitará medidas de protección para los familiares de su clienta, al asegurar que han sido objeto de hostigamientos relacionados con las denuncias que ella ha presentado.
El jurista informó que también buscará garantizar la seguridad de Jiménez para que pueda comparecer ante las autoridades que requieran su testimonio dentro de las actuaciones relacionadas con sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Según Caballero, los hostigamientos contra los familiares tendrían como propósito presionar a la denunciante. Por esa razón, anunció que pedirá a las autoridades competentes extender las medidas de protección a su entorno familiar.
“Asumo formalmente la representación de Deicy Alejandra Jiménez. Como víctima y denunciante de hechos de extrema gravedad merece toda la protección y todo el acompañamiento para que pueda rendir declaraciones ante las autoridades que la requieran”, manifestó el abogado.
Caballero también señaló que su labor estará orientada a acompañar a Jiménez en las diligencias judiciales y a presentar las pruebas que, según indicó, respaldarían sus denuncias.
“Quiero informar que también solicitaremos medidas de protección para su familia, quien ya ha sido hostigada para presionar a Deicy“, precisó.
El abogado agradeció públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional por las actuaciones adelantadas hasta el momento.
Recordemos que, en sus declaraciones públicas, Jiménez aseguró que habría recibido contratos estatales en circunstancias que relacionó con presuntos encuentros íntimos con el expresidente Gustavo Petro. También afirmó que dispone de conversaciones y documentos que, según su versión, respaldarían sus señalamientos. Estas acusaciones no han sido establecidas judicialmente.
El caso ya generó actuaciones de varios organismos. La Fiscalía abrió una noticia criminal por posibles irregularidades en la contratación pública, mientras que la Procuraduría inició una indagación previa contra funcionarios por determinar y solicitó información contractual a varias entidades estatales.
