La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por hechos relacionados con una presunta extralimitación en el ejercicio de funciones, acoso y violencia de género.
Dicha actuación disciplinaria surgió a partir de los reportes periodísticos sobre las denuncias de Deicy Jiménez, quien señaló presuntas irregularidades relacionadas con su vinculación mediante contratos de prestación de servicios y afirmó que habría recibido propuestas de carácter sexual asociadas a esas contrataciones.
Asimismo, la Procuraduría incluyó dentro de los hechos por establecer posibles irregularidades administrativas en contratos y órdenes de prestación de servicios.
El documento, fechado en Bogotá el 26 de octubre de 2026, señala que la Procuraduría recibió información publicada por la revista Semana y difundida en medios y redes sociales el 25 de octubre. A partir de ese material, el organismo consideró necesario establecer si servidores públicos pudieron incurrir en conductas disciplinarias.
La entidad asignó el caso a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2. Segunda para la Vigilancia Administrativa, dependencia que ordenó practicar las primeras pruebas.
Entre las diligencias, la Procuraduría solicitó a Semana una copia de la entrevista realizada a Jiménez y sus datos de identificación y contacto.
También pidió al Congreso, al Dapre, al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la Superintendencia Nacional de Salud información sobre eventuales contratos, órdenes de prestación de servicios u otras formas de vinculación de Jiménez con esas entidades.
Además, el organismo requirió información sobre las funciones desempeñadas por Jiménez, los supervisores de sus contratos y el estado de las vinculaciones que eventualmente haya tenido.
La Procuraduría precisó que la apertura de la indagación busca individualizar a los posibles responsables y concretar las conductas que serán objeto de investigación disciplinaria.
