El expresidente Gustavo Petro rechazó este domingo 25 de octubre, a través de un comunicado de dos páginas publicado en su cuenta de X, las acusaciones de Deicy Alejandra Jiménez, la joven que lo señaló de pagarle encuentros sexuales con contratos estatales en entidades de Bogotá.
“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, escribió el exmandatario tras varias horas de silencio.
En el documento, Petro aseguró que la denuncia hace parte de una operación para exponer su vida íntima que, según él, “viene del Gobierno de Abelardo de la Espriella y hay dinero de por medio”.
Sostuvo que, tras fracasar en los intentos de mostrarlo como corrupto y narcotraficante, intención que atribuyó al presidente De la Espriella y a Donald Trump, sus contradictores pasaron a indagar sobre su vida sexual.
También mencionó un episodio anterior en el que, según su versión, varias camionetas buscaban mujeres trans en el barrio Santa Fe de Bogotá para pagarles por declaraciones en su contra.
“Nunca he cometido delitos en mi vida sexual”, afirmó el expresidente, quien añadió que nunca ha utilizado el poder público para obtener sexo.
Explicó que ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales a tener opciones de vida diferentes, mediante programas públicos financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones, y aseguró que ninguna persona beneficiaria de esos programas podrá decir lo contrario.
En esa línea, defendió que durante su gobierno las mujeres de estrato uno vieron crecer sus ingresos reales en un 41 %.
En la parte más personal del comunicado, Petro se declaró heterosexual, dijo que no critica a quienes tienen otra orientación ni a quienes practican el poliamor y afirmó: “Cuando me enamoro, soy fiel”.
La respuesta llegó después de que Jiménez, de 26 años, afirmara en una entrevista que durante cerca de cinco años se sostuvo con contratos de prestación de servicios en el Senado, en la bancada de la congresista María José Pizarro; en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y en el Ministerio del Interior, que suman alrededor de 100 millones de pesos.
La joven aseguró que existía una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas bajo el mismo esquema y dijo que el exmandatario la contactaba desde perfiles falsos en redes sociales.
Los contratos existen, pero su existencia por sí sola no prueba que hayan sido otorgados como contraprestación sexual.
El caso ya llegó a los estrados. El abogado Camilo Enciso radicó una denuncia penal contra Petro por el presunto uso de su influencia como senador y presidente para facilitar contratos, mientras que Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó otra ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el abogado del expresidente, Alejandro Carranza, anunció una demanda penal y patrimonial contra el medio y la periodista que publicaron la entrevista, al considerar que los chats divulgados no demuestran nada. Entretanto, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección activaron una ruta de protección para la denunciante.
