Vicio de trámite en un artículo tumba el Presupuesto 2027, Gobierno podría sacarlo por decreto

Senado y Cámara votaron textos distintos y no conciliaron; las adiciones para salud, educación e Invías quedarían por fuera.
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Un vicio de trámite en la votación del artículo 65 dejó sin piso el Presupuesto General de la Nación de 2027, que las plenarias del Congreso de la República aprobaron en la madrugada de este martes, último día del plazo legal para hacerlo.

Según fuentes del Legislativo, abogados del Ministerio de Hacienda incorporaron al paquete de proposiciones aprobadas por el Senado una modificación con aval del Gobierno que esa corporación nunca votó.

La Cámara de Representantes acogió luego ese texto, con lo que las dos células legislativas terminaron avalando versiones distintas.

El representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez explicó que el senador Juan Caicedo retiró su proposición y la dejó como constancia, por lo que el Senado votó el artículo tal como venía en la ponencia, mientras la Cámara lo aprobó con el cambio incluido. “En sana técnica legislativa necesitaba conciliación y no se concilió”, advirtió.

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La Ley 5 de 1992 establece que un proyecto sin conciliación se entiende hundido, aunque la discusión jurídica podría centrarse en si cae la totalidad de la iniciativa o solo la norma afectada. El artículo en cuestión regula las coberturas de los fondos de estabilización del ingreso fiscal y de precios de los combustibles.

Si el Gobierno Nacional acude al decreto, tendría que tomar como base lo que aprobaron las comisiones económicas en primer debate. El monto global seguiría cerca de $634,9 billones, pero se perderían adiciones posteriores como $3 billones para salud, $100.000 millones para educación, Registraduría, Invías y Rama Judicial, $30.000 millones para la Defensoría del Pueblo y $70.000 millones para subsidios de gas GLP.

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“A mí lo que más me duele es que se pierden 3 billones para la salud”, lamentó Pérez, para quien “El tema salió del campo económico para volverse un tema del campo jurídico”.

El congresista planteó dos salidas, sancionar la ley y dejar que la Corte Constitucional defina los efectos del error, o convocar sesiones extraordinarias en enero de 2027 para tramitar una adición y traslado presupuestal.