El ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, defendió la legalidad de la Operación Amón y atribuyó a las estructuras armadas ilegales la responsabilidad por la muerte de los tres menores de edad que Medicina Legal identificó entre las diez bajas del bombardeo ejecutado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare.
El jefe de la cartera afirmó que la acción militar observó todos los estándares legales exigidos para ataques aéreos estratégicos, tanto en la fase de planeamiento como en la de ejecución, y que en el sitio de los hechos se cumplieron los actos urgentes que ordena la ley, entre ellos la entrega de los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal.
Sobre los tres menores fallecidos, dos de 15 años y uno de 16, Mora sostuvo que reclutarlos y utilizarlos en el conflicto constituye un crimen de guerra y una infracción grave al derecho internacional humanitario.
Según el ministro, la responsabilidad recae únicamente sobre los grupos armados organizados, que vulneran el Estatuto de Roma y la legislación nacional que tipifica el reclutamiento ilícito. Anunció que se instaurarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.
El funcionario informó además que los ministerios de Defensa y Justicia adelantan una mesa interdisciplinaria para robustecer la respuesta estatal frente al reclutamiento de menores por parte de estructuras narcoterroristas.
A ese espacio serán convocadas la Rama Judicial, la Fiscalía y otras entidades competentes, con el fin de trazar una ruta que incluya posibles ajustes penales, nuevas sanciones y una persecución más agresiva contra las redes de captación.
Mora precisó que el ataque se dirigió contra tres zonas campamentarias cercanas al río Inírida, donde operaba el Bloque Jorge Suárez Briceño. Además de las diez bajas, hubo una captura y un menor recuperado para restablecimiento de derechos.
La tropa incautó 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 184 minas antipersonal y más de 29.000 municiones.
