La Contraloría General de la República activó su Función de Advertencia dirigida al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda, tras detectar riesgos presupuestales y contractuales que ponen en juego la sostenibilidad de las finanzas públicas durante los cinco meses que restan de la vigencia fiscal.
El informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, reveló que después del levantamiento de la restricción de Ley de Garantías las entidades firmaron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones. La cifra representa un crecimiento del 22,5% frente al mismo periodo de hace cuatro años.
Al organismo le llamó la atención la contratación directa, que superó los 11 mil acuerdos en apenas cuatro semanas. Las alertas apuntan especialmente a entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
El análisis identificó siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente, entre ellos la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y las dudas sobre la efectividad del control contractual.
El organismo recordó que las finanzas públicas atraviesan restricciones derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos y la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación. Por eso pidió que cualquier aceleración de compromisos cuente con respaldo en la capacidad financiera efectiva del Estado y con posibilidad real de ejecución.
Desde la perspectiva preventiva, la Advertencia busca evitar que los riesgos identificados se traduzcan en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales para los ordenadores del gasto.
