“Esto no debe convertirse en un escenario de confrontación política”: Defensora pide transición respetuosa

La entidad llamó al Gobierno saliente y al entrante a restablecer condiciones para una transición institucional respetuosa.
2 horas atrás
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La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico colombiano, luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego y el excandidato presidencial, senador Iván Cepeda, formularan declaraciones que desconocen los resultados de la segunda vuelta y convocaran a la desobediencia civil frente al nuevo Gobierno Nacional, en momentos en que el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, suspendió el proceso de empalme.

La entidad recordó que, previo a la segunda vuelta presidencial, invitó a todas las fuerzas políticas y al Gobierno Nacional a reconocer los resultados oficiales y a tramitar cualquier controversia por los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. Según el organismo, el desconocimiento público de esos resultados y la interrupción del empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición centrada en las necesidades del país.

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La Defensoría precisó que toda persona, incluido el Gobierno, tiene derecho a acudir a mecanismos judiciales cuando existan controversias por resolver. No obstante, subrayó que las autoridades electorales competentes ya declararon como presidente electo a Abelardo de la Espriella, por lo que corresponde a todos los actores políticos respetar ese resultado y preservar la confianza institucional.

El organismo hizo dos llamados concretos: primero, exigió al Gobierno actual y a los sectores que lo respaldan cumplir con los resultados electorales y ejercer los canales constitucionales para declararse en oposición política. Segundo, pidió al Gobierno saliente, al entrante y a quienes ejercen liderazgo político restablecer las condiciones necesarias para una transición institucional respetuosa y orientada al interés general.

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La Defensoría advirtió que el proceso de empalme constituye un deber constitucional y legal, no una decisión política, y que no debe convertirse en un escenario de confrontación ni de auditorías, función que corresponde a los órganos de control. La entidad insistió en que millones de personas esperan respuestas frente a la violencia, la pobreza y las dificultades de acceso a la salud y la educación, por lo que instó a la dirigencia nacional a actuar con serenidad, responsabilidad y grandeza institucional.