La Jurisdicción Especial para la Paz no puede desaparecer mediante decreto presidencial, según lo advirtió el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
El funcionario respondió así a los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha planteado en varias ocasiones expedir decretos para modificar o eliminar ese tribunal.
Cuervo explicó que la JEP fue creada por mandato constitucional y tiene vigencia establecida hasta 2030. Cualquier intento de terminarla, señaló, requeriría la presentación de un acto legislativo ante el Congreso de la República, es decir, una reforma a la propia Constitución.
El ministro descartó que una ley ordinaria o un decreto administrativo puedan sustituir ese trámite. Explicó que el mecanismo de justicia transicional cuenta con respaldo del sistema internacional, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que refuerza su carácter permanente hasta el vencimiento de su mandato.
El funcionario recordó que el Ministerio de Justicia expidió recientemente un decreto para reglamentar la aplicación de las sanciones propias dentro del sistema transicional. Con esa medida buscó dar claridad sobre los mecanismos de cumplimiento que rigen las condenas impuestas por la jurisdicción.
Cuervo propuso al Gobierno entrante sostener un encuentro directo con el magistrado Eduardo Cifuentes Ramelli, presidente de la JEP, para trazar una hoja de ruta conjunta. Según indicó, ese diálogo permitiría exponer las inquietudes del nuevo mandatario y establecer compromisos de trabajo entre ambas administraciones.
El jefe de la cartera de Justicia planteó además que el tribunal agilice la notificación de sus fallos, lo que atribuyó a un malestar existente en algunos sectores por la lentitud percibida en los procesos. Insistió en que la solución frente a esas críticas pasa por fortalecer la entidad con más recursos, no por buscar su desmonte.
