La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales, luego de ser consultada sobre la decisión judicial relacionada con los bombardeos en Arauca.
La funcionaria expresó respeto por la determinación adoptada por un juzgado que ordenó la suspensión de bombardeos en Arauca y recordó que se trata de un fallo de primera instancia. Agregó que el debate jurídico continuará mientras avanza el trámite correspondiente.
Marín afirmó que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una posición orientada a proteger los derechos de los menores afectados por el conflicto armado. “Lo más importante allí es recordar los derechos prevalentes que tienen los menores de edad a ser protegidos incluso en operaciones militares”, señaló.
Explicó que existe una tensión entre las acciones dirigidas a proteger la seguridad de la población y la obligación de salvaguardar la vida de menores reclutados por organizaciones armadas. Indicó que el hecho de que un niño o adolescente participe en las hostilidades no elimina el deber del Estado de brindarle protección.
Durante la rueda de prensa también advirtió que la entidad ha identificado un aumento del subregistro de los casos de reclutamiento forzado durante este año. Según explicó, esa situación dificulta conocer la verdadera magnitud del fenómeno debido al temor de las familias para acudir a las instituciones y al desconocimiento de las rutas de protección.
La defensora informó que el Cauca continúa siendo el departamento donde más menores son reclutados y precisó que la mayoría de las víctimas pertenece a comunidades indígenas. Añadió que muchos de esos niños y adolescentes son trasladados a otras zonas del país, como Guaviare, donde algunos han muerto en combates entre grupos armados ilegales o en acciones y bombardeos de la Fuerza Pública.
Marín sostuvo que la prevención del reclutamiento no puede depender únicamente de operaciones militares. Señaló que también requiere fortalecer los entornos de protección mediante garantías de educación, salud y oportunidades para la niñez que habita en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza.
