El terremoto del 24 de junio en Venezuela reactivó el debate sobre la Ley PANA (PANA Act), una propuesta legislativa bipartidista en el Congreso de Estados Unidos que busca confiscar activos ilícitos y fondos congelados vinculados a funcionarios del régimen venezolano y destinarlos a la reconstrucción del país. La congresista María Elvira Salazar, una de sus principales impulsoras, aprovechó la emergencia para llamar a su aprobación.
“La ayuda de emergencia es solo el primer paso. Recuperar un país devastado exigirá liderazgo, compromiso y los recursos necesarios para salir adelante”, declaró Salazar.
La iniciativa propone la creación del Fondo para la Restauración de Venezuela, que administraría los recursos recuperados bajo cuatro pilares: fortalecer la gobernanza democrática, defender los derechos humanos, apoyar medios de comunicación independientes y combatir la corrupción. Se estima que existen alrededor de 4.000 millones de dólares en activos venezolanos bloqueados por el gobierno estadounidense que podrían ser canalizados a través de este mecanismo.
La Ley PANA ha avanzado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde una enmienda presentada por Salazar fue aprobada de manera unánime. Sin embargo, la iniciativa aún no ha sido adoptada por el pleno del Congreso estadounidense. Su eventual aprobación depende del avance legislativo en Washington y del contexto político bilateral entre EE.UU. y Venezuela en la etapa de transición que atraviesa ese país.
