La red hospitalaria pública del Caribe colombiano llega al cambio de gobierno en una situación financiera crítica. Centros de pensamiento de la región advierten que las Empresas Sociales del Estado operan al límite de caja, con servicios esenciales cerrados y un sistema que acumula deudas superiores a 20 billones de pesos a nivel nacional, lo que obliga al gobierno entrante a actuar desde los primeros días de mandato.
Kelina Puche, miembro del Consejo Directivo de Atarraya, centro de pensamiento del departamento de Córdoba, describió la situación como una crisis severa.
“Tenemos limitaciones para el acceso oportuno, tenemos limitaciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Las entidades prestadoras de servicio experimentan una asfixia financiera, viven al límite con el manejo de la caja”, advirtió.
El diagnóstico elaborado por Fundesarrollo, CESORE y Atarraya señala que más del 60% de la población del Caribe pertenece al régimen subsidiado, lo que genera un déficit crónico de financiamiento local.
A diferencia de regiones como Bogotá, Antioquia o el Valle del Cauca, donde el régimen contributivo otorga solidez al sistema, el Caribe enfrenta una sobrecarga de demanda sin el respaldo de un mercado laboral formalizado que aporte cotizaciones directas.
Ante ese panorama, los tres centros de pensamiento le proponen al Gobierno Nacional que inicia el 7 de agosto un plan de choque de 100 días estructurado en tres ejes: garantizar el giro directo de recursos a los prestadores para restablecer el flujo de caja, desplegar equipos extramurales en territorios dispersos y habilitar plataformas de telemedicina, y suscribir un pacto de transparencia presupuestal con todos los actores del sistema.
“Lo que está aquí en juego es primero la vida de nuestros connacionales”, subrayó Puche, quien también llamó la atención sobre las asimetrías entre la infraestructura médica de las capitales y la de las zonas rurales dispersas del Caribe.
