Comisión de Disciplina Judicial abre investigación contra magistrado Rafael Chavarro por la medida cautelar contra De La Espriella

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación contra el magistrado Rafael Chavarro por la medida cautelar que prohibió símbolos patrios a la campaña de De La Espriella.
8 horas atrás
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación disciplinaria contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Segunda de Decisión Laboral, por la medida cautelar que adoptó dentro de una acción de tutela contra la campaña Defensores de la Patria, mediante la cual ordenó retirar los símbolos patrios y el eslogan “Firmes por la Patria” utilizados por el candidato Abelardo De La Espriella.

El magistrado ponente de la Comisión, Julio Andrés Sampedro Arrubla, identificó al magistrado Chavarro Poveda como el presunto autor de la falta disciplinaria, conforme a lo establecido en el artículo 211 de la Ley 1952 de 2019, y ordenó abrir formalmente la investigación dentro del expediente radicado 1100108020002026006110.

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Sampedro Arrubla consideró que existe “probable relevancia disciplinaria por ser presuntamente contraria al ordenamiento jurídico, arbitraria o adoptada con extralimitación de funciones, al decretar medida provisional dentro de la acción de tutela”, según se lee en el auto de apertura de la investigación.

La decisión disciplinaria se produce después de que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Laboral, admitiera una tutela presentada por la propia campaña de De La Espriella y suspendiera provisionalmente los efectos del fallo del magistrado Chavarro, permitiendo que el candidato continuara usando los símbolos y el eslogan de su campaña política.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dispuso que, mediante Secretaría Judicial, se adelanten las actuaciones necesarias para cumplir los fines previstos en el artículo 212 de la Ley 1952 de 2019, entre ellas oficiar a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para que, dentro de un plazo no mayor a cinco días, aporte la información requerida para el desarrollo de la investigación contra el magistrado.

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