El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e, empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, desató una ola de críticas desde los gremios del sector energético, que calificaron la decisión como ilegal, irresponsable e improvisada, y advirtieron sobre el riesgo de un apagón que afectaría a 1,3 millones de hogares del Caribe colombiano.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), fue el más contundente al señalar que la medida es un acto “irresponsable y poco sensato”, explicando que al iniciarse el proceso de liquidación, la Superintendencia de Servicios Públicos impide automáticamente que la empresa continúe prestando el servicio o vendiendo energía, lo que condenaría a tres departamentos a quedarse sin luz de manera inmediata.
Castañeda también denunció que la deuda de Air-e, que cuando el Gobierno tomó posesión de la empresa era de 530.000 millones de pesos, asciende hoy a 2,3 billones, luego de seis interventores y casi dos años de gestión estatal. Del total, cerca de 1,5 billones corresponden a obligaciones con empresas térmicas, 202.000 millones con generadoras hidráulicas y aproximadamente 610.000 millones con transmisores y transportadores de energía. “El Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador idóneo”, advirtió.
La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, integrada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena, alertó que una fusión con Gecelca requiere autorizaciones, trámites regulatorios y procesos financieros que normalmente toman años, y que la incertidumbre generada por el anuncio afecta la confianza de inversionistas y acreedores justo cuando el sistema enfrenta el incremento de demanda asociado al fenómeno de El Niño.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos del Caribe, señaló que durante la intervención el recaudo cayó al 73% y las pérdidas eléctricas alcanzaron el 31%, empeorando el perfil financiero de la empresa. Advirtió además que generadoras térmicas ya presentaron una demanda contra el Estado colombiano ante el Banco Mundial por cerca de 200 millones de dólares.
El exministro de Minas Amylkar Acosta advirtió que la liquidación podría precipitar el efecto dominó y el temido apagón financiero que ya habían anticipado la Contraloría y la Procuraduría, organismos que desde mayo alertaban sobre el deterioro financiero de la empresa intervenida.
