La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de que se ordene al Estado colombiano adoptar acciones frente a las intervenciones del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral.
Según el documento radicado ante el organismo internacional, la petición busca que el mandatario se abstenga de realizar declaraciones que puedan influir en la intención de voto de los ciudadanos, favorecer o afectar candidaturas presidenciales o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo institucional.
La solicitud aparece respaldada por la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), organizaciones que figuran como parte solicitante en el formulario dirigido a la CIDH. El documento identifica como potenciales beneficiarios de las medidas a los 41.421.973 ciudadanos habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio de 2026.
En la información aportada ante el organismo internacional, las entidades argumentan la necesidad de proteger las garantías democráticas y los derechos políticos de los electores en medio de la recta final de la campaña presidencial.
La ANDI, presidida por Bruce Mac Master Rojas, aparece registrada como una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa. Por su parte, la Fundación para el Estado de Derecho actúa a través de su representante Andrés Caro Borrero, de acuerdo con los datos consignados en el formulario.
La petición se conoce en un contexto marcado por intensos debates alrededor de las declaraciones públicas del presidente Petro sobre el proceso electoral y las denuncias relacionadas con la transparencia de los comicios.
Entre las medidas solicitadas figura la posibilidad de que el Estado colombiano adopte mecanismos orientados a impedir que el jefe de Estado emita mensajes que, según los peticionarios, puedan alterar las condiciones de equilibrio durante la campaña.
