Veinte años cargando una ausencia que el Estado nunca resolvió. Eduardo Manuel Urango Martínez llegó al acto restaurativo de cierre del Macrocaso 03 de la Justicia Especial para la Paz (JEP) con el nombre de su hermano bordado en un sombrero vueltiao y una certeza que no negocia: los soldados que confesaron no son los únicos que deben responder.
Su hermano, Eduardo Enrique Urangos Piñérez, cotero de Montería, fue sacado de la ciudad el 17 de diciembre de 2006 con el pretexto de ir a descargar camiones de maíz.
Días después, su fotografía salió en las noticias, el Ejército lo presentaba como guerrillero abatido en la vereda Crucito, Tierralta, a manos del Batallón Junín número 33. El cuerpo nunca regresó a casa.
Frente a los 20 comparecientes del GAULA Córdoba y Sucre que participaron en el proceso restaurativo adelantado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Urango entregó algo que pocos en su lugar podrían dar: el perdón.
“Yo recibo este homenaje dándole el perdón de corazón, como ellos lo están pidiendo porque en verdad están arrepentidos”, dijo. Sin embargo, aclaró de inmediato que ese gesto no cierra el expediente de responsabilidades.
“Pido que se haga justicia, pero con los verdaderos culpables de todos estos falsos positivos, que no son los comparecientes que tienen acá haciendo presencia ante nosotros”, afirmó. Y precisó: “Los verdaderos culpables no quieren darnos la cara, y esos son los que queremos que en verdad afronten las consecuencias.”
Para Urango, la diferencia es clara, quienes comparecen ante la JEP aportaron verdad y dieron la cara. Quienes dieron las órdenes, no. Dos décadas después, su única petición concreta sigue siendo la misma: que le devuelvan los restos de su hermano.
