Informes elaborados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entre 2020 y 2023 reconstruyen, con nombres, cifras y cheques, una presunta red que habría malversado recursos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). En el centro de ese entramado, la Corte Suprema de Justicia investiga formalmente al candidato presidencial Roy Barreras y al exrepresentante a la Cámara Faber Alberto Muñoz Cerón.
La revelación llega a 11 días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con Barreras activo en campaña como candidato. La revista CAMBIO publicó los detalles del expediente, abriendo una de las controversias más delicadas de la recta final electoral.
Uno de los hechos que ilustra el presunto esquema ocurrió el 9 de mayo de 2017, una contratista de obra de la ESAP giró desde su cuenta bancaria un cheque de 150 millones de pesos a nombre de un conductor de la misma entidad que ganaba poco más de un millón de pesos al mes. Ese mismo día, el dinero se cobró en efectivo y se atomizó; nunca volvió a rastrearse.
Según las denuncias que obran en el expediente, el presunto esquema involucró 14.009 contratos y convenios interadministrativos suscritos entre 2014 y 2019, que suman 1,2 billones de pesos. La mayoría se habría adjudicado de forma directa, sin licitación, y una parte de los recursos habría terminado financiando un partido político.
Las investigaciones también señalan que Barreras habría colocado a Diana Grueso, esposa del excongresista Muñoz, al frente de una subdirección de la ESAP, lo que le permitió ejecutar un convenio superior a los 10.000 millones de pesos bajo el pretexto de socializar los diálogos de paz en todo el país.
La Corte Suprema abrió investigación penal formal contra ambos aforados bajo el número de instrucción 00121. El expediente de Barreras lo lleva la Sala Especial de Instrucción, que también adelanta un estudio contable patrimonial al candidato para rastrear posibles enriquecimientos ilícitos derivados de los hechos investigados.
