El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia le solicitó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, que concluya sus funciones diplomáticas en el país. La Cancillería boliviana la declaró persona non grata y le otorgó el plazo establecido por las normas internacionales para abandonar el territorio, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
El Gobierno boliviano fundamentó la decisión en lo que calificó como una presunta injerencia del presidente colombiano Gustavo Petro en los asuntos internos del país, así como en un supuesto respaldo de su parte a acciones que, según La Paz, afectan la estabilidad democrática boliviana. En el comunicado oficial, la Cancillería invocó los principios de soberanía y no injerencia como pilares de la convivencia entre naciones soberanas.
La medida no implica una ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Colombia. El propio comunicado aclaró que la decisión no afecta los vínculos históricos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos, y que el Gobierno boliviano mantiene abiertos los canales diplomáticos e institucionales.
Bolivia también dejó claro en el texto que cualquier pronunciamiento externo sobre su situación interna debe hacerse con prudencia diplomática y pleno respeto a su institucionalidad constitucional. Asimismo, reafirmó que sus diferencias políticas y sociales internas corresponde resolverlas exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, a través de mecanismos democráticos y pacíficos.
La expulsión ocurre a once días de las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el 31 de mayo de 2026, lo que ubica a Petro en el centro de una controversia diplomática en el tramo final de su mandato. El Gobierno boliviano precisó que continuará actuando con responsabilidad y firmeza en defensa de su soberanía y del respeto mutuo entre naciones.
