Marcos Daniel advierte que el catastro multipropósito se convirtió en “un gran despropósito para el campo”

El congresista cordobés exige al IGAC frenar los abusos en la implementación de la herramienta y vincular el predial rural a la productividad del predio.
2 meses atrás
Foto | Suministrada

El senador Marcos Daniel Pineda García alertó sobre los efectos negativos que está generando la implementación del catastro multipropósito en las zonas rurales del país y pidió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) detener lo que calificó como “abusos” en la aplicación de esta figura.

En entrevista con La Razón, el congresista advirtió que una herramienta concebida originalmente como instrumento de planificación territorial terminó convirtiéndose en una carga tributaria insostenible para pequeños y medianos productores agropecuarios. “El IGAC ha convertido el catastro multipropósito en un gran despropósito para el campo colombiano”, afirmó.

Pineda García señaló que desde el Senado de la República existe preocupación por la forma en que el IGAC viene ejecutando esta política, la cual —a su juicio— amenaza con trasladar una presión fiscal desproporcionada a campesinos que no tendrán capacidad de pago. “Va a terminar siendo una cruz para miles de campesinos en Colombia”, sostuvo el legislador.

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El senador planteó una exigencia concreta al Gobierno Nacional: que el impuesto predial rural sea calculado con base en la productividad del bien, y no exclusivamente en el valor catastral actualizado. “No podemos cargarle un impuesto a un campesino que no va a tener la capacidad de pagarlo”, subrayó.

La posición del congresista se suma a las voces críticas que desde diferentes sectores del agro y del poder legislativo cuestionan el ritmo y los criterios con que el IGAC adelanta las actualizaciones catastrales en municipios rurales, proceso que en Córdoba ya afectó 17 municipios y generó incrementos en avalúos de hasta 135% en algunos territorios del departamento.

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El IGAC ha sostenido que la medida es excepcional, por una sola vez, y que el 95,6% de los predios rurales del departamento queda protegido por el límite legal del 50% al incremento anual del impuesto predial.