Cada vez que Gustavo Petro quiera cruzar la frontera en los próximos doce meses tendrá que avisarle antes al Senado adónde va y cuándo.
Esa fue la condición que fijó la plenaria este miércoles al autorizar la salida del país del exmandatario, quien dejó la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto.
La fórmula intermedia la puso sobre la mesa el senador David Racero: conceder la autorización por el periodo completo, pero con reporte obligatorio de destinos y calendario.
Varios congresistas del Centro Democrático respaldaron esa salida y recordaron que otros exmandatarios recibieron el mismo trato durante el año de restricción.
No hubo unanimidad. Un sector de la corporación defendió que el exjefe de Estado tramitara una autorización distinta por cada viaje. Entre los críticos más duros, el senador Jonathan Ferney Pulido (Jota Pe Hernández) pidió negar cualquier desplazamiento mientras avanzan las denuncias que cursan en la Comisión de Acusaciones.
El expediente había llegado dos días antes. El 10 de agosto, Petro dirigió su carta a la Secretaría General del Senado y argumentó que necesitaba moverse al exterior por compromisos de carácter “personal, social, político y académico”. No adjuntó itinerarios ni fechas concretas: pidió un permiso abierto por doce meses.
El trámite obedece a un mandato de la Carta Política. El artículo 196 dispone que “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Quien desconozca la regla incurre en “abandono del cargo”.
La discusión llegó cargada de antecedentes. Antes del relevo presidencial, el exmandatario Andrés Pastrana reclamó públicamente que la corporación bloqueara la salida hasta que Petro respondiera por el financiamiento de su campaña.
El propio exgobernante había anunciado en redes su interés en visitar Princeton, donde dispersaron las cenizas de Albert Einstein, tras un paso por Cuba.
Ese plan tropezó con la visa pendiente y con el avión presidencial, incluido en la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense. En una llamada reciente, el presidente Donald Trump dijo desconocer ese registro y ofreció revisarlo.
