El expresidente César Gaviria, a través de un comunicado del Partido Liberal, manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de solicitar la suspensión de las órdenes de captura y extradición de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo comandante de esa organización narcotraficante.
La colectividad sostuvo que la medida representa una concesión política y judicial a la estructura criminal más poderosa del país, con consecuencias graves para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral en curso.
Gaviria afirmó que la política de Paz Total terminó fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales, en lugar de debilitarlas. Aseguró que el Clan del Golfo amplió su presencia territorial y consolidó su control criminal mientras avanzaban los acercamientos con el Ejecutivo, sin desmovilizaciones reales ni reducción sostenida de la violencia.
El comunicado también cuestiona la coherencia del Gobierno frente a la comunidad internacional. El Partido Liberal recordó que hace pocos meses el presidente Gustavo Petro presentó ante autoridades estadounidenses a alias Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, en cambio, el mismo Gobierno solicita frenar las medidas judiciales en su contra, pese a los requerimientos formales de extradición de Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico.
Gaviria recordó que el artículo 250 de la Constitución consagra la autonomía de la Fiscalía General de la Nación y advirtió que ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias judiciales ni interferir en decisiones que corresponden a los jueces.
El Partido Liberal también expresó preocupación por las fechas de la resolución, que coincide con la recta final del calendario electoral de 2026, y pidió transparencia para evitar presiones criminales sobre los territorios donde estos grupos ejercen control. Finalmente, la colectividad reclamó a las instituciones actuar con independencia y rigor jurídico frente a una decisión que, según el comunicado, compromete la seguridad nacional y la estabilidad democrática del país.
