El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente varios artículos del Decreto 572 de 2025, norma expedida por el Gobierno Nacional que modificaba las bases de retención y autorretención en la fuente, una decisión que impactaba directamente la liquidez de miles de empresas en el país.
La decisión judicial frenó los efectos de los artículos 2 al 8 del decreto, al concluir que existían elementos suficientes para revisar la legalidad de la medida, mientras mantiene vigente el artículo 1 de la norma.
El decreto había ajustado las tarifas de autorretención para varios sectores económicos, lo que, según distintos demandantes, elevó anticipadamente el recaudo de impuestos y generó cargas financieras superiores a las previstas bajo el régimen tributario vigente.
Entre los argumentos estudiados por la corporación aparecen los planteamientos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), incorporados en el expediente 30480. El gremio sostuvo que la medida no representaba un incremento formal del impuesto, sino un adelanto del recaudo fiscal que alteraba el flujo de caja empresarial.
La ANDI también advirtió que el Gobierno Nacional no sustentó incrementos permanentes en la rentabilidad de sectores afectados y cuestionó que se modificaran tarifas sin demostrar cambios estructurales en la capacidad de pago de los contribuyentes.
Otro de los reparos apuntó a que la autorretención terminaba funcionando como una financiación anticipada al Estado, trasladando recursos de 2026 hacia 2025 y ampliando saldos a favor de empresas.
El alto tribunal evaluará ahora el fondo de las demandas de nulidad contra el decreto, mientras la suspensión provisional devuelve temporalmente la aplicación de las normas anteriores en materia de autorretención.
