Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo calificó el deterioro del sistema de salud colombiano como un “genocidio” y un “delito de lesa humanidad”. Lo hizo durante una entrevista en LA RAZÓN.CO desde Montería, donde aseguró que más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas murieron entre 2025 y lo que va de 2026 por falta de acceso a medicamentos y tratamientos.
Galán recordó que fue autor y ponente de la ley de enfermedades huérfanas, la misma norma que garantizó a miles de familias colombianas el derecho a un diagnóstico y a tratamiento. Esa ley, dijo, está siendo ignorada sistemáticamente.
Puso como ejemplo el caso del niño Kevin, quien murió no por un accidente sino porque el Estado no le entregó el medicamento para tratar su hemofilia. “El niño Kevin murió no porque salió a montar en bicicleta porque la mamá lo dejó, sino porque no le entregaron el medicamento para tratar la hemofilia”, afirmó.
El dirigente también acusó al Gobierno de presionar a Medicina Legal para obtener el informe de necropsia de ese caso, información que consideró absolutamente reservada al hacer parte de una investigación en curso. Para Galán, esa maniobra busca aprovechar el momento electoral usando los datos de pacientes de las EPS intervenidas con fines políticos.
Como solución inmediata, propuso redirigir los 5 billones de pesos que el Gobierno invierte en el programa “Salud a los Territorios”, que el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo diseñó sin rendir cuentas ni mostrar resultados verificables. Esos recursos, sostuvo Galán, deberían destinarse de inmediato a la compra de medicamentos para trasplantados, pacientes oncológicos y poblaciones vulnerables.
Galán también señaló que el artículo 11 de la Ley Estatutaria de Salud, del que también fue autor, prohíbe imponer restricciones administrativas o financieras a niños, madres gestantes, personas en condición de discapacidad y enfermos de patologías huérfanas. “El Estado es responsable legalmente de que eso sea así”, recalcó, al concluir que el Gobierno evadió esa obligación al intervenir las EPS para liquidarlas y dejar a millones de colombianos sin cobertura.
