La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó una demanda de nulidad simple ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contra el Decreto 415 de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo el pasado 20 de abril.
La norma obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir a Colpensiones $25 billones correspondientes a los ahorros de más de 119.000 personas que se trasladaron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media en los últimos 12 meses.
Valencia no solo busca la nulidad definitiva del decreto. También solicitó al Consejo de Estado una suspensión provisional de urgencia, argumentando que si los recursos se transfieren antes de un fallo judicial, sería prácticamente imposible recuperarlos. “El dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante las elecciones”, sostuvo la candidata al radicar la acción legal.
El argumento jurídico de Valencia es que la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) establece que los fondos privados deben continuar administrando esos recursos hasta que cada afiliado cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso aprobó un giro automático a Colpensiones. Para Valencia, el Ejecutivo desbordó sus facultades reglamentarias al ordenar por decreto lo que la ley no contempló, convirtiendo la norma en un acto administrativo sin respaldo legal.
La demanda tiene sustento en los artículos 137, 149, 164 y 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y está dirigida contra el Ministerio del Trabajo como entidad demandada.
El decreto establece que las AFP deben trasladar el 50 % de los recursos en los primeros 20 días y el 50 % restante en los 10 días siguientes, para un total de 30 días. El traslado incluye capital acumulado, rendimientos financieros, saldos en efectivo, TES clase B y títulos de deuda vigilados por la Superfinanciera.
La acción legal llega en plena campaña presidencial, a menos de dos meses de la primera vuelta, y convierte el debate pensional en uno de los frentes jurídicos y políticos más tensos del proceso electoral colombiano de 2026.
