La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en el caso de los pasaportes colombianos.
La audiencia se llevó a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, y tuvo un detalle que no pasó desapercibido, Leyva no estuvo presente.
El ente acusador señala que el exfuncionario actuó de manera arbitraria en dos frentes: al terminar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons y al intervenir en el proceso licitatorio para la expedición de pasaportes.
Según la Fiscalía, Leyva declaró desierta la licitación en septiembre de 2023, pese a que Thomas Greg & Sons era la única empresa que cumplía con los requisitos exigidos. Luego, inadmitió el recurso de reposición que presentó esa misma firma, cerrándole el paso a cualquier impugnación.
En la audiencia, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que Leyva suscribió tres resoluciones presuntamente contrarias a la ley, la que declaró desierta la licitación pública, la que resolvió el recurso de reposición contra esa decisión y la que declaró la urgencia manifiesta en el proceso. Con ese argumento, la Cancillería solicitó ser reconocida como víctima, petición que la Corte aceptó.
La magistrada Blanca Nélida Barreto sustentó la decisión al señalar que las conductas atribuidas a Leyva habrían impactado directamente el buen nombre del Ministerio.
El representante de la cartera fue más explícito, “Las citadas conductas han generado un daño reputacional al buen nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, generando incertidumbre respecto a la expedición de pasaportes”, sostuvo, y anunció que la cuantificación del perjuicio se presentará en la etapa probatoria.
La defensa de Leyva, por su parte, cuestionó los fundamentos de la acusación y planteó una pregunta central al proceso, “¿Desde qué momento la resolución que declaró desierta la licitación de pasaportes deja de ser una discrepancia administrativa y se convierte en una infracción penal?”.
Con la acusación formal en firme, el caso de los pasaportes entra a su fase de juicio, convirtiéndose en uno de los procesos penales más sensibles vinculados al Gobierno Petro a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial.
