La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que si llega a la Presidencia de la República, su primer acto de gobierno será desmantelar la política de “Paz Total”.
Valencia reveló el hipopético borrador de su primer acto de Gobierno, con el que revocaría todas las designaciones de Gestores de Paz otorgadas, por el gobierno saliente y ordenaría la reactivación inmediata de las órdenes de captura suspendidas en su favor.
“Mi primer decreto el 7 de agosto, se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la ‘paz total’. Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar. Llega la seguridad total”, escribió Valencia al divulgar el documento por medio de X.
El decreto consta de cuatro artículos. El primero revoca todas las resoluciones, decretos o actos administrativos mediante los cuales el gobierno anterior designó a personas como Gestores de Paz o les otorgó beneficios equivalentes bajo la Ley 2272 de 2022.
El segundo revoca expresamente las solicitudes de suspensión de órdenes de captura, medidas de aseguramiento o beneficios judiciales formulados ante la Fiscalía General de la Nación o jueces de control de garantías a favor de exnegociadores.
El tercer artículo establece un plazo de 48 horas para que los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el Alto Comisionado para la Paz, coordinen con la Fiscalía y la Policía Nacional la ubicación y captura de los afectados. El cuarto artículo dispone su vigencia inmediata desde la publicación en el Diario Oficial.
El texto también señala que persisten reportes de incumplimientos sistemáticos por parte de los grupos armados en las mesas de diálogo, incluyendo violaciones al Derecho Internacional Humanitario, extorsiones y reclutamiento de menores.
La medida llega tras una de las controversias más álgidas del gobierno Petro, el 31 de marzo de 2026, la Fiscalía suspendió 23 órdenes de captura contra cabecillas del crimen organizado en Medellín para integrarlos como gestores de paz urbana, decisión que generó rechazo de sectores políticos, víctimas y de la propia Rama Judicial. La Fiscalía posteriormente reactivó al menos 16 de esas órdenes, alegando irregularidades en el trámite.
