El Consejo de Estado dejó en firme una decisión judicial que establece límites concretos al uso de las alocuciones presidenciales en Colombia, al confirmar en segunda instancia una tutela que amparó el derecho fundamental de los ciudadanos.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, determinó que el uso reiterado de esta figura por parte del presidente Gustavo Petro vulneró el pluralismo informativo, un principio esencial del derecho a la información en una democracia. La corporación analizó los cargos de impugnación presentados contra el fallo de primera instancia, proferido el 16 de septiembre de 2025, y concluyó que ninguno de ellos prosperó, por lo que confirmó íntegramente el amparo concedido.
El Consejo de Estado precisó que la orden impartida en primera instancia, orientada a regular la conducta de la autoridad accionada para garantizar el pluralismo informativo, no genera efectos generales automáticos para toda la ciudadanía, denominados jurídicamente efectos inter comunis. Sin embargo, sí establece obligaciones institucionales específicas dirigidas a evitar que se repita la vulneración acreditada en el proceso.
El fallo es relevante porque sienta un precedente judicial sobre el uso del poder presidencial en los medios de comunicación: las cadenas nacionales no son un derecho ilimitado del ejecutivo y su ejercicio abusivo puede ser controlado por la justicia cuando compromete derechos fundamentales de los ciudadanos.
