La elección de la senadora Sandra Ramírez, de la bancada Comunes y exintegrante de las FARC, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado desató una fuerte controversia política en el Congreso de la República. La oposición rechazó el nombramiento y lo calificó como una afrenta directa a las víctimas del conflicto armado.
Ramírez sostuvo que su elección se produjo por unanimidad, pero la votación se realizó sin la presencia de todos los integrantes de la Comisión. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, no participó porque tenía permiso para asistir a un evento académico y dejó claro que no respalda el nombramiento. La mayoría de los nueve integrantes de esa comisión pertenece al Pacto Histórico o tiene cercanía con el Gobierno Nacional.
Desde la oposición, la senadora Paola Holguín fue una de las voces más contundentes, señaló que personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad llevan dos periodos en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel, sin reparar a las víctimas y sin entregar información sobre menores reclutados, desaparecidos y secuestrados. El representante y senador electo Óscar Villamizar fue más lejos y acusó directamente a Ramírez de haber seleccionado menores para que fueran abusados por alias Tornillo y otros integrantes de la organización.
La representante Katherine Miranda también cuestionó el nombramiento y consideró incoherente que una organización que reconoció el reclutamiento de miles de menores y graves violaciones contra ellos ocupe cargos directivos en una comisión de derechos humanos sin compromisos claros con las víctimas.
En defensa de Ramírez, el senador Alexander López recordó que las FARC se sometieron a un proceso de paz legal, avalado por Naciones Unidas, y que quienes lo cumplen tienen los mismos derechos políticos que cualquier ciudadano. Su copartidario Carlos Antonio Lozada descartó la polémica y la atribuyó al ambiente de campaña electoral, al tiempo que reivindicó el derecho a la reincorporación política de los excombatientes.
