El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento del paro armado que mantenía en el Bajo Baudó, Chocó, informó la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado oficial.
Sin embargo, la entidad advirtió que las comunidades de la zona continúan viviendo con temor. Las confrontaciones armadas y las presiones ejercidas tanto por el ELN como por el Clan del Golfo no han cesado, lo que mantiene a la población civil en una situación de vulnerabilidad permanente.
El organismo de derechos humanos denunció las graves afectaciones que dejaron varios días de restricción a la movilidad. Durante el paro armado, los habitantes no pudieron acceder a bienes y servicios básicos, mientras que niñas y niños vieron interrumpida su asistencia escolar.
La Defensoría hizo un llamado directo al ELN y a todos los actores armados presentes en el territorio. “Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes”, indicó la entidad.
Las comunidades afrodescendientes e indígenas del Bajo Baudó han sido las más golpeadas por estas acciones. Sus derechos territoriales han sido vulnerados de manera sistemática, según el pronunciamiento oficial.
La Defensoría fue enfática en recordar que el territorio pertenece a las comunidades y no a los grupos armados. “Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades”, señaló.
El comunicado también rechazó la estigmatización que el ELN ha ejercido contra autoridades públicas locales, quienes cumplen sus funciones en condiciones adversas que los propios grupos armados han agravado.
La entidad exigió garantizar la autonomía de los pueblos étnicos con el respaldo de las autoridades locales y nacionales, para que estas comunidades puedan vivir en libertad dentro de sus territorios ancestrales.
