El gobierno del presidente Gustavo Petro dejó sin efecto este viernes 13 de marzo la suspensión de las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, así como contra otros mandos de esa organización criminal.
La medida responde al incumplimiento del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el proceso de paz que adelanta con el Ejecutivo. Según el acuerdo, los combatientes debían comenzar a desplazarse hacia tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas en Córdoba y Chocó a partir del 1 de marzo. Sin embargo, al llegar esa fecha, el grupo no inició el proceso de traslado.
Además de “Chiquito Malo”, las órdenes de captura reactivadas cobijan a Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”, quien falleció el 30 de enero de 2026.
Extradición pendiente
La situación judicial del máximo jefe del Clan del Golfo se complica. El pasado 13 de enero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
De acuerdo con la acusación de la justicia estadounidense, desde 2008 el cabecilla “se unió a un concierto para delinquir, se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas para poseer con la intención de distribuir una sustancia ilegal”.
Las autoridades norteamericanas señalan que el hombre invirtió en grandes cargamentos de cocaína enviados en lanchas rápidas desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, con destino final en territorio estadounidense.
Tensión institucional
El caso generó fricciones entre la Fiscalía y el Gobierno. El 5 de febrero, la fiscal Luz Adriana Camargo aclaró al comisionado de paz, Otty Patiño, que según la propia Ley de Paz Total, es el Ejecutivo —no la Fiscalía— quien tiene facultades para suspender órdenes de captura en estos casos.
