La presidente del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, pidió activar los canales técnicos y diplomáticos para resolver la crisis comercial entre Colombia y Ecuador, advirtiendo que “las diferencias entre ambas naciones no pueden convertirse en barreras que pongan en riesgo el empleo, la inversión y la estabilidad regional”.
“Este es un mensaje respetuoso y claro sobre nuestra relación con Ecuador. Ecuador es un aliado clave. En 2025, Colombia exportó 1.600.730.000 dólares y de ese intercambio dependen miles de empleos. Además, en momentos críticos, Colombia aportó hasta el 12% del consumo eléctrico del Ecuador. Somos aliados estratégicos y el comercio es de doble vía”, manifestó Gutiérrez.
El líder gremial destacó que “en 2025 importamos más de 680.000.000 de dólares desde Ecuador en alimentos y productos forestales”, evidenciando la complementariedad económica entre ambos países.
Gutiérrez advirtió sobre las consecuencias de utilizar herramientas comerciales como armas políticas: “Cuando se usan así, se rompe la confianza y se encarece el comercio y los más afectados terminan siendo los ciudadanos de los dos países”.
“Las herramientas económicas no se hicieron para confrontar, sino para crecer. Por eso, desde el Consejo Gremial Nacional pedimos activar ya los canales técnicos y diplomáticos al margen de la coyuntura política para proteger la confianza en la región”, enfatizó.
El presidente del Consejo Gremial hizo un llamado a privilegiar el diálogo sobre la confrontación: “Confiamos en que la diplomacia y el diálogo prevalezcan. Una región unida es una región más fuerte, integrada y próspera”.
Gutiérrez ofreció el respaldo del sector empresarial para facilitar el entendimiento: “Cuenten con el Consejo Gremial Nacional para apoyar este acercamiento”.
La posición del Consejo Gremial se produce en medio de la escalada de tensiones comerciales desatada por la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, medida que el Gobierno de Colombia rechazó y calificó como contraria a la normativa de la Comunidad Andina.
