Un grupo de 17 gobernadores expresó su rechazo a las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno Nacional mediante decreto, tras declarar la emergencia económica en el país.
La posición fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, después de una reunión extraordinaria convocada por la Federación Nacional de Departamentos. Los mandatarios señalaron que las disposiciones del decreto 1474 de 2025 afectan directamente la autonomía fiscal de sus territorios.
El rechazo se concentra en el aumento de impuestos al consumo de productos como licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado. Según los gobernadores, estas alzas lesionan las finanzas departamentales.
“El cigarrillo por efecto del contrabando, qué en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, explicó Toro.
Los departamentos que manifestaron su oposición son Antioquia, Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, defendió la decisión: “No somos un mal ejemplo para el país, por el contrario, hemos sido unos grandes valientes”.
En una carta dirigida al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, los mandatarios argumentaron que el Gobierno Nacional no puede financiar el presupuesto central debilitando el modelo descentralizado del Estado.
“Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones”, advirtieron.
El pasado diciembre, el Ejecutivo decretó emergencia económica por 30 días después de que el Congreso hundiera la reforma tributaria el 9 de diciembre. Esa propuesta buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto de 2026.
Mediante el decreto 1390 de 2025, el Gobierno obtuvo facultades para crear nuevos tributos o modificar los existentes durante ese periodo.
El presidente Gustavo Petro justificó la medida señalando que Colombia enfrenta un déficit primario en las finanzas públicas desde la administración de Juan Manuel Santos, que gobernó entre 2010 y 2018.
