La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que pretende anular la resolución mediante la cual el presidente Gustavo Petro designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz.
El alto tribunal dio trámite a la acción presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe y ordenó correr traslado a las partes involucradas.
Según el documento radicado ante la corporación, la resolución expedida por el Alto Comisionado para la Paz presenta múltiples irregularidades.
Entre los cuestionamientos principales figura la ausencia de un período definido para su aplicación, así como la falta de controles efectivos sobre los desplazamientos del excomandante paramilitar.
La demanda también plantea objeciones relacionadas con los derechos de quienes sufrieron las acciones del Bloque Catatumbo y otras estructuras bajo el mando de Mancuso. Para el accionante, el acto administrativo envía señales contradictorias a las personas afectadas por la violencia.
“Es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas, pues dicho acto administrativo consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas”, indica el escrito judicial.
Otro punto controvertido tiene que ver con las justificaciones ofrecidas por el Gobierno para mantener la gestoría. El demandante considera contradictorio que se afirme que la desmovilización puso fin al liderazgo paramilitar de Mancuso y, al mismo tiempo, se argumente que conserva influencia sobre grupos armados actuales.
“No es coherente que se insiste en que la desmovilización del señor Mancuso Gómez constituyó el fin de su liderazgo paramilitar y que hoy en día se insinúe o se sugiera entre líneas que aún tiene una supremacía o ascendencia sobre estructuras criminales emergentes”, añade la demanda.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Procuraduría General de la Nación y el propio Salvatore Mancuso tienen ahora 30 días para pronunciarse sobre la acción interpuesta.
