Procuraduría pide investigar a EPS por presunto manejo irregular de población indígena en Córdoba

El Ministerio Público solicita inspección tras denuncia de las Autoridades Zenúes Rurales sobre afiliaciones sin consentimiento de comunidades.
4 meses atrás
Foto: Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Superintendencia Nacional de Salud adelantar una inspección contra la EPS Familiar Colombia y la IPS DG-IPS por presuntas anomalías en la atención de población indígena en Córdoba.

La investigación se ordenó después de que las Autoridades Zenúes Rurales de Montería denunciaran ante el Ministerio Público que estas entidades están realizando afiliaciones, traslados y gestiones con las comunidades sin cumplir con el requisito del consentimiento previo, libre e informado de sus líderes tradicionales.

Según la denuncia, estas prácticas violan el principio de autonomía indígena y contravienen el Decreto 1953 de 2014, norma que establece las reglas del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).

Puedes leer:  Excavadora anfibia impulsa recuperación del caño Bugre en Cereté, obra clave para evitar inundaciones

El órgano de control consideró que la gravedad de los hechos reportados amerita que la Superintendencia evalúe enviar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación. La solicitud busca que se investigue la posible vulneración de derechos fundamentales colectivos, la ley de origen indígena y la legalidad administrativa.

La Procuraduría advierte que estas conductas podrían configurar delitos contra la administración pública, fraude a subvenciones o afectación al erario público, por lo cual requiere una revisión exhaustiva del caso.

El consentimiento previo, libre e informado es un derecho fundamental de las comunidades indígenas reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política. Este mecanismo garantiza que cualquier decisión que afecte a estos pueblos cuente con la aprobación de sus autoridades tradicionales.

Puedes leer:  Córdoba vacunó a 981 menores contra el VPH en jornada masiva departamental

Las Autoridades Zenúes Rurales manifestaron su preocupación porque “están afiliando, trasladando y gestionando a comunidades” sin respetar sus procedimientos internos de consulta y decisión.

La Superintendencia Nacional de Salud deberá determinar si existieron irregularidades en los procesos de afiliación y traslado de usuarios indígenas, además de verificar el cumplimiento de la normatividad especial que protege a estas poblaciones en el sistema de salud.