El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta, cuestionó la legalidad del Decreto 1390 de 2025 que declaró emergencia económica en Colombia. El mandatario departamental señaló que la medida adoptada por el gobierno del presidente Gustavo Petro contradice los fundamentos de descentralización establecidos en la Constituyente de 1991.
“Cuando se hizo la constituyente del 91, uno de las espíritus principales de la Constitución es la autonomía de la descentralización, la autonomía de los territorios”, manifestó Zuleta en rueda de prensa.
El gobernador agregó que “hoy con este decreto de emergencia lo que está es rompiendo este tema constitucional y nos está quitando la autonomía”.
El cuestionamiento de Zuleta se suma al rechazo de los 32 gobernadores del país y la Federación Nacional de Departamentos, quienes enviaron una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresando su preocupación por las disposiciones del Decreto 1474 de 2025, que desarrolla medidas tributarias en el marco de la emergencia.
El gobierno nacional declaró la emergencia económica el 22 de diciembre pasado, argumentando un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. La medida otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días.
La Corte Constitucional inició el proceso de revisión automática del decreto el 14 de enero, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis. El alto tribunal debe verificar si la crisis fue sobreviniente y si las medidas adoptadas cumplen con los requisitos constitucionales.
Los mandatarios regionales argumentan en su comunicado conjunto que “cualquier cambio significativo a estos tributos no puede justificarse de manera válida bajo la premisa de equilibrar las finanzas nacionales, ya que no contribuye directamente al presupuesto central del Estado”.
El decreto ahora enfrenta escrutinio jurídico ante la Corte Constitucional, que podría convocar sesiones extraordinarias para evaluar su constitucionalidad.
