El senador conservador Wadith Manzur, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, cuestionó ante la Corte Suprema de Justicia la acusación por cohecho impropio que enfrenta en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lo resumió en una frase: “Aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito”.
El dirigente explicó que la Corte acusa a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público por haber recibido beneficios. Sin embargo, en su caso, ni María Alejandra Benavides, entonces asesora del despacho del Ministerio de Hacienda, ni el viceministro Diego Alejandro Guevara tienen imputación por cohecho por dar u ofrecer. “Ninguno de los dos”, recalcó.
Manzur sostiene que esa contradicción deja sin piso el expediente, porque no existe delito de quien acepta sin alguien que ofrezca. A esto sumó los vacíos que encuentra en el escrito de cargos que conoció el martes 20 de octubre. “La acusación no narra el acto con el que yo había aceptado. Deja abierto el momento en que habría ocurrido y no fija qué se me prometió ni cuál era la utilidad”, afirmó.
El parlamentario señaló que el documento tampoco precisa qué aceptó en las conversaciones con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, o con Benavides. Tampoco identifica el contrato que habría obtenido a cambio de las gestiones que adelantó en la sede de esa cartera. “¿Qué acepté y cómo lo acepté?”, preguntó.
Durante su extensa intervención, la magistrada que dirigía la audiencia le recordó que debía limitarse al recurso que interpuso el abogado Jesús López. Manzur aceptó el llamado, aclaró que no es abogado y continuó con su exposición.
El congresista cordobés pidió declarar la nulidad del proceso. Alega errores en el reparto del caso y la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa.
