Venezuela rechaza declaraciones de alto comisionado de la ONU

Prensa Latina| El Gobierno de Venezuela rechazó las recientes declaraciones sobre este país suramericano del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, por considerarlas parciales y lesivas, divulga hoy la cancillería local. De acuerdo con una nota de prensa, la ministra venezolana de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, denunció que las palabras del funcionario fueron de doble rasero. Zeid Ra´ad Al Hussein expresó ante la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos del máximo organismo internacional que tenía preocupación por el arresto de los responsables de las guarimbas (actos de violencia) y sus participantes, a
10 años atrás

Prensa Latina| El Gobierno de Venezuela rechazó las recientes declaraciones sobre este país suramericano del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, por considerarlas parciales y lesivas, divulga hoy la cancillería local.

De acuerdo con una nota de prensa, la ministra venezolana de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, denunció que las palabras del funcionario fueron de doble rasero.

Zeid Ra´ad Al Hussein expresó ante la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos del máximo organismo internacional que tenía preocupación por el arresto de los responsables de las guarimbas (actos de violencia) y sus participantes, a quienes llamó manifestantes pacíficos, señala el texto de la cancillería.

Puedes leer:  Ictus, problemas cardíacos o respiratorios: las teorías sobre la muerte del Papa Francisco

Esos sucesos, acontecidos a inicios de 2014, fueron alentados por la derecha local y en ellos murieron 43 personas y más de 800 resultaron heridas.

Las autoridades venezolanas arrestaron a varios de los dirigentes opositores que fomentaron esos hechos y abrieron un proceso contra ellos por incitar a la violencia en las calles.

Elementos de la derecha venezolana y extranjera alegan que el Gobierno viola los derechos humanos de esos detenidos, lo cual es rechazado por el Ejecutivo y entidades como la Defensoría del Pueblo.