El expresidente Álvaro Uribe respaldó la decisión de cerca de 17 gobernadores que anunciaron que no aplicarán el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno de Gustavo Petro. Los mandatarios regionales consideran que la norma vulnera la autonomía fiscal de los departamentos.
“Porque uno también comprende a los gobernadores, a los alcaldes. El Gobierno nacional, con el derroche, la corrupción, los altísimos impuestos, los está dejando sin rentas. ¿Cómo van a cumplir ellos con sus compromisos?”, cuestionó Uribe al referirse al impacto de las medidas sobre las finanzas territoriales.
El líder del Centro Democrático mencionó que “la Constitución colombiana trae la excepción de inconstitucionalidad”, mecanismo al que los gobernadores podrían acudir para inaplicar el decreto 1474 de 2025 que aumenta el impuesto al consumo de licores del 5% al 19% y modifica el tributo a cigarrillos y tabaco.
La rebelión de los gobernadores
Tras una reunión extraordinaria convocada por la Federación Nacional de Departamentos el pasado 15 de enero, 17 de los 32 gobernadores del país anunciaron su rechazo al decreto. La decisión fue revelada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Los mandatarios argumentan que el decreto afecta directamente rentas departamentales fundamentales para financiar salud, educación y deporte en las regiones.
“El cigarrillo por efecto del contrabando, que en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, explicó Toro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha liderado la oposición al decreto. Según Rendón, la aplicación inmediata del decreto generaría una afectación desproporcionada a las finanzas departamentales que puede evitarse mientras la Corte Constitucional realiza su control automático.
Estrategia jurídica de las regiones
Los gobernadores diseñaron una hoja de ruta con tres frentes. Primero, cada mandatario interpondrá una acción de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes.
Segundo, bajo el liderazgo técnico de Antioquia, varios departamentos evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad para ignorar el decreto, especialmente en lo relacionado con el impuesto al consumo de licores y cigarrillos.
La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Departamentos solicitaron a la Corte Constitucional suspender de manera inmediata el decreto por considerarlo carente de “fundamento constitucional válido”.
¿Qué es la excepción de inconstitucionalidad?
Esta figura jurídica está contemplada en el artículo 4 de la Constitución Política, que establece que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y cualquier otra norma jurídica, deben aplicarse las disposiciones constitucionales.
Permite a las autoridades abstenerse de aplicar una norma cuando la consideren violatoria de la Carta Magna, sin necesidad de esperar un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Su ejercicio es excepcional y requiere que la inconstitucionalidad sea manifiesta.
Respuesta del Gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la postura de los gobernadores. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función”, dijo.
El Gobierno convocó a los mandatarios regionales a una reunión para el próximo 19 de enero con el objetivo de “explicarles los alcances del Decreto 1474”, expedido al amparo de la emergencia económica.
El presidente Petro decretó la emergencia económica en diciembre pasado luego de que el Congreso hundiera su reforma tributaria. La medida también aumentó impuestos al patrimonio de los más adinerados, al sector financiero y a los juegos de azar.
