La Defensoría del Pueblo presentó una intervención ante el Consejo de Estado para defender la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026, en el marco de una acción de nulidad que busca tumbar esa decisión.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, argumentó que el debate sobre el salario mínimo no es un asunto exclusivamente técnico o macroeconómico, sino una discusión de derechos fundamentales. En su concepto, la remuneración mínima vital representa la traducción económica de la dignidad humana del trabajador en el Estado Social de Derecho.
La entidad respaldó el decreto citando la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, que establece que cuando no haya concertación entre empleadores y trabajadores, el Gobierno debe fijar el salario otorgando carácter prevalente a la garantía de la remuneración mínima vital y móvil, consagrada en el artículo 53 de la Constitución.
La Defensoría advirtió que el salario mínimo impacta directamente a millones de colombianos: trabajadores en condición de vulnerabilidad, madres y padres cabeza de hogar, cuidadores de menores y adultos mayores, y beneficiarios de prestaciones indexadas a ese valor.
En su conclusión, la entidad hizo un llamado al Consejo de Estado a evitar decisiones que generen escenarios de desprotección laboral, recordando que el salario mínimo es un pilar esencial de la estabilidad social y la dignidad ciudadana.
